Por Rolando Garrido Romo
El Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que fue iniciado por el presidente Obama en 2012, ante la inacción del Congreso para legislar en materia migratoria, se elaboró con el fin de proteger de la deportación a casi 800,000 (1) jóvenes indocumentados latinoamericanos y de otras regiones que se inscribieron en el programa (Asia), y que fueron traídos de niños por sus padres a Estados Unidos; corrían el riesgo de ser deportados a sus “países de origen”, si el gobierno de Estados Unidos no instrumentaba alguna medida para brindarles una estancia legal en el país.
Donald Trump y su base de apoyo mayoritariamente blanca, xenófoba y en muchos casos racista, siempre criticó el programa (aunque en ocasiones simuló ser “compasivo”), pues lo consideró como una “amnistía” a quienes habían quebrantado la ley (en este caso los padres de los niños); además de que legalizar la estancia de estos jóvenes implicaría un “incentivo” (tal como lo afirmó hoy el procurador Jeff Sessions, al anunciar el fin del citado programa) que propiciaría la llegada de más niños, que buscarían su posterior legalización.
De igual forma, en la narrativa anti inmigrante, una parte relevante del establecimiento republicano, ha considerado que legalizar a estos jóvenes implica desplazar de puestos de trabajo y oportunidades de estudios a los “americanos” (como si estos jóvenes no lo fueran ya, en vista de que han pasado la mayor parte de su vida en ese país).
Ahora Trump le ha dado al Congreso 6 meses para legislar algún tipo de permiso o estatus legal para estos jóvenes, de lo contrario en Marzo del próximo año, comenzarán a ser deportados.
En el caso de Estados Unidos, se pueden señalar varios irresponsables o culpables de que esta situación llegara al límite.
Primero hay que decir que la economía de Estados Unidos, cada vez más requiere de la mano de obra barata que viene principalmente de países de América Latina (destacando México y Centro América), pues es una forma en que los empresarios de ese país abaten costos y pueden competir contra los productos de otros países en donde la mano de obra es casi regalada (caso de México, Centro América y varios países de Asia), los cuales tienen acceso al mercado estadounidense gracias a los tratados de libre comercio firmados en las últimas tres décadas.
Así también, sectores importantes de la economía interna de Estados Unidos van dependiendo cada vez más de esta mano de obra barata (2) que llega de manera indocumentada al país, y con el tiempo va generando una masa crítica que requiere una salida política y/o jurídica, como en su momento fueron las legislaciones migratorias de 1964 y 1986, que permitieron la legalización de cientos de miles de indocumentados.
De ahí que, una necesidad económica creciente de la economía estadounidense, se topa cada 20 ó 30 años con los obstáculos del sistema político, que responde a una parte del electorado que bien podría ser del orden del 50% del mismo, y que sigue viendo a los extranjeros, inmigrantes y recién llegados, como competencia desleal, como un peligro para su seguridad física y económica; y como una “amenaza” a su modo de vida.
Así, se presenta recurrentemente el choque entre la dinámica económica y la psique social, que se refleja en el establecimiento político, generando las contradicciones que vemos ahora con el programa DACA y su finalización.
Esa contradicción entre economía y política en Estados Unidos, que sigue sin resolverse, es una de las causas principales que genera estos desequilibrios sociales, que como siempre acaban afectando al eslabón más débil.
Pero también hay otros irresponsables y culpables de esta situación.
Según el Centro de Investigaciones Pew, hay en Estados Unidos un total de 11.1 millones de indocumentados en ese país, de los cuales 5,850,000 son mexicanos y 1,700,000 son centroamericanos; de Asia, Europa, Medio Oriente y Africa provienen 2,465,000; de Sudamérica 650,000 y del Caribe 425,000 (3).
En el caso de nuestro país, está plenamente documentado que el 63.4% de los inmigrantes mexicanos llegaron después de 1990. Y sólo 2 de cada 10 inmigrantes mexicanos han adquirido la ciudadanía (4).
Esto quiere decir que prácticamente la totalidad de los mexicanos que entraron al programa DACA, forman parte de los indocumentados llegados después de 1990.
De acuerdo con la ONU, México es el segundo país en el mundo con más migrantes; tan sólo después de la India (5).
Para 2015 la ONU estimó que en Estados Unidos había 12 millones 50 mil mexicanos, de los cuales como ya señalamos, 5,850,000 están de forma indocumentada.
Así, de 1990 a 2015, llegaron a Estados Unidos un total de 7,639,700 mexicanos, esto es el 63.4% de los mexicanos que ahora viven ahí.
Y están de manera legal el 22% de esos 12 millones 50 mil; es decir 2,651,000; por lo que en el período considerado, llegaron de manera indocumentada un total de 4,988,700 mexicanos.
Prácticamente 5 millones de los 5,850,000 indocumentados mexicanos que viven en Estados Unidos, llegaron en el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (iniciado en 1994), y de la política económica neoliberal instrumentada por los gobiernos mexicanos (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña).
Y es que los gobiernos neoliberales han mantenido deprimidos los salarios en el país, convirtiendo eso en el principal atractivo para la inversión extranjera directa (seguido de la contigüidad geográfica con Estados Unidos; nulas regulaciones ambientales y laborales; y generosas legislaciones fiscales).
Ante ello, millones de mexicanos, que antes si bien no contaban con un nivel de vida digno, al menos podían “ir pasándola” con sus actividades agrícolas, comerciales y artesanales, se vieron brutalmente desplazados del mercado de trabajo con el tratado de libre comercio; y además, la permanencia de los bajísimos salarios mantuvo a amplias capas de la población en la pobreza o muy cerca de ella, obligando a una gran parte de ellos a buscar un mejor nivel salarial en Estados Unidos, para así poder enviar dinero a sus familias en México (ya se llega a la cifra de 25 mil millones de dólares de remesas por año).
Así que, esa migración económica forzada por las miserables condiciones en México (lo mismo puede decirse de Centro América), aunadas al aumento exponencial de la violencia en contra de miles de comunidades y pueblos en México por parte del crimen organizado, asociado a la subclase política corrupta y a las trasnacionales, con objeto de desplazar a la población de zonas en donde se quiere explotar recursos naturales; llevaron a esos 5 millones de mexicanos a salir del país, justamente como consecuencia de las políticas neoliberales instrumentadas en México, y de la descomposición político-social del país que han provocado las mismas, generando el incremento del crimen y la violencia.
Para las élites vasallas mexicanas, el que millones de mexicanos que no pueden encontrar un empleo decente en su país, emigren a Estados Unidos, resultó muy favorable para quitarle “presión” a la situación política, social y económica; y a la vez, les conviene pues esa población, que sí está comprometida con su país, envía miles de millones de dólares a sus familias en México, que sirven para equilibrar la balanza de pagos.
Por eso resulta una hipocresía monumental escuchar a Peña y a sus corifeos, así como a los empresarios explotadores de nuestro país, desgarrarse las vestiduras por los migrantes y los “dreamers” (beneficiarios del DACA), cuando en principio ellos han sido los culpables de lanzar al destierro económico a los padres de esos muchachos, por los bajísimos sueldos que se pagan en México, los niveles de explotación y despojo descomunales que las grandes empresas de los oligarcas y las trasnacionales ejercen contra los pueblos y comunidades del país; y el desastre que es México en materia de inseguridad y violaciones masivas de los derechos humanos.
Pero eso sí, cuando se les plantea a los hipócritas negociadores mexicanos del tratado de libre comercio y a sus “asesores” empresariales, qué pasará con los salarios de los trabajadores mexicanos, entonces ahí si no hay modernización, ni consideración alguna, todo permanecerá igual; ahí si no habrá homologación con las leyes y condiciones de Estados Unidos y Canadá; en eso sí hay soberanía. Aquí en México se va a seguir explotando a los trabajadores del campo y la ciudad y los recursos naturales, como les convenga a las trasnacionales y a los oligarcas; eso sí que no entra en ninguna negociación.
De ahí que los principales culpables de la situación de los “dreamers” son los gobernantes, los tecnócratas y los oligarcas mexicanos, que han mantenido un sistema de explotación brutal de la población del país, que ha llevado a un parte importante de la misma a emigrar, en condiciones terriblemente vulnerables y a expensas de lo que los gobernantes en turno de la superpotencia quieran y les convenga.
1.- 639000 llegados de México; 34 mil de El Salvador; 22 mil de Guatemala; 21 mil de Honduras; etc.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-es-daca-y-cuales-seran-las-consecuencias-de-su-cancelacion
2.- La agricultura, la construcción, mantenimiento y limpieza, jardinería, ayudantes y empleados en hoteles y restaurantes.
3.- http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/01/12/5-datos-sobre-frontera-mexico-eu-migracion
4.- https://www.gob.mx/inm/articulos/estadisticas-sobre-migracion?idiom=es
5.- http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068383
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