Eduardo Jorge Vior para o Blog Saker Latinoamérica e Telam – 14 de novembro de 2023
Desde que el pasado 20 de octubre la Asamblea Legislativa de Panamá sancionó la ley 406 otorgando a una empresa canadiense de capitales chinos una gigantesca concesión para la ampliación de un yacimiento de cobre a cielo abierto de 13.000 hectáreas, no cesan las masivas movilizaciones en todo el país. No sólo se oponen a la extracción de cobre en un área del ecológicamente sensible Corredor Biológico Mesoamericano sino también a la entrega de soberanía. Por estas razones todo el país está pendiente del fallo que adopte la semana próxima la Corte Suprema de Justicia.
La mina panameña objeto de masivas protestas redujo este lunes sus operaciones productivas, después de que pequeñas embarcaciones de pesca bloquearan su puerto en señal de repudio. Paralelamente, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) exigió este domingo al gobierno del presidente Laurentino Cortizo agilizar una salida a la crisis. De acuerdo al partido, en la solución “deben estar presente todos los sectores de la sociedad”. Para esta agrupación política, además del problema minero el descontento se origina en la ausencia de un “modelo político-económico de ejecutorias sociales justas, equitativas y con equidad”.
Mientras tanto, el país está pendiente del fallo que la Corte Suprema podría anunciar la semana próxima contra la minera canadiense First Quantum. Los nueve jueces de la corte están sopesando si revocan el contrato de la empresa canadiense para la mina Cobre Panamá por sus insanables vicios de fondo y forma. Si bien el presidente ha advertido contra los procesos en sede extranjera que amenazarían al país en caso de rescindir el contrato, los procuradores fiscales citan precedentes en los que el Estado panameño retiró concesiones a empresas extranjeras y obtuvo razón en los tribunales extranjeros.
Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, tres días después de que el gobierno firmó un contrato con la multinacional minera canadiense First Quantum dándole una concesión por hasta 40 años para la explotación de un yacimiento a cielo abierto de 13.000 hectáreas en la selva de la Provincia de Colón, sobre el Caribe. Desde entonces todos los días hay más de 70 000 personas en las calles de Ciudad de Panamá, otros tantas en las capitales del interior y pueblos remotos y hasta en el mar: reclamando “Panamá libre de minería” pescadores bloquearon el lunes pasado el puerto de Punta Rincón, propiedad de la minera. Las manifestaciones asemejan una marejada de gente proclamando que “el oro de Panamá es verde”, en alusión a la biodiversidad del país. En las manifestaciones los sindicatos de docentes y de la construcción se unieron a grupos indígenas y ambientalistas para exigir que se cancele la concesión.
Hasta hoy se han registrado todos los días enfrentamientos entre manifestantes y policías que intentan disolver las protestas y reabrir las carreteras y puentes bloqueaddos. Cuatro personas han perdido ya la vida en las refriegas. A los enfrentamientos con la policía (que dejaron más de 800 detenidos), el cierre de rutas (particularmente de la Panamericana) y el desabastecimiento de combustible y alimentos se suma también la imposibilidad para desplazarse de miles de migrantes que cruzan Panamá en su camino hacia Estados Unidos.
A inicios de noviembre Standard & Poor’s revisó a la baja su evaluación del país por los riesgos potenciales para la confianza de los inversores y el crecimiento económico. La incertidumbre también ha mermado el valor de mercado de First Quantum en unos 8.000 millones de dólares canadienses (5.800 millones de dólares estadounidenses). En medio de la caída, la china Jiangxi Copper Co Ltd, el mayor accionista de First Quantum, elevó la semana pasada su participación en la empresa canadiense al 18.5%.
Cortizo, un centrista que no puede presentarse a la reelección, se ha enfrentado a unos índices bajos de aprobación (18%) por la corrupción, la falta de transparencia y los deficientes servicios sociales. La política medioambiental también ha sido objeto de renovada atención a medida que una grave sequía azota el país, limitando la navegación a través del Canal de Panamá.
El rechazo de los panameños a la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica es de vieja data. El yacimiento, ubicado en la provincia de Colón, viene siendo operado desde 1997 a través de un contrato firmado entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla S.A. Ese acuerdo se concretó sin licitación y sin estudios de impacto ambiental. En 2009 aquella irregularidad movió a la sociedad civil a interponer una demanda. Sin embargo, no fue hasta 2017 que se logró el fallo por inconstitucionalidad, con el agravante de que su publicación en la Gaceta Oficial no se concretó hasta 2021.
La empresa primero se aprovechó de esa demora para ampliar las operaciones del yacimiento. Después, el Estado debió haber hecho cumplir el fallo definitivo. En cambio, renegoció el contrato. Las negociaciones con los canadienses se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada, hasta que en marzo de 2023, sin haber habilitado la participación ciudadana, se anunció el acuerdo. Ante la protesta pública, en la Asamblea Legislativa se hicieron tres debates y se consultó a los pueblos relacionados con la actividad extractiva, quienes expresaron su rechazo. Entonces, en vez de derogar el contrato, el gobierno lo devolvió con algunas mejoras. Al final, la Asamblea aprobó en 72 horas la Ley 406 y la noche del 20 de octubre el presidente la promulgó.
El nuevo contrato minero contempla aportes mínimos anuales de U$S 375 millones de la minera al Estado panameño, aunque diez veces el monto del acuerdo anterior. Además del daño implícito para el medio ambiente, el contrato otorga a la minera privilegios y concesiones que generan un territorio aparte con características administrativas diferentes. El reclamo de la ciudadanía al contrato de la empresa minera tiene que ver, por consiguiente, también con la reivindicación de la soberanía. Panamá recuperó su canal recién en 1999 después de 96 años de lucha y no quiere repetir la experiencia.
Cortizo, un centrista que no puede presentarse a la reelección, se ha enfrentado a unos índices bajos de aprobación (18%) por la corrupción, la falta de transparencia y los deficientes servicios sociales. La política medioambiental también ha sido objeto de renovada atención a medida que una grave sequía azota el país, limitando la navegación a través del Canal de Panamá.
El rechazo de los panameños a la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica es de vieja data. El yacimiento, ubicado en la provincia de Colón, viene siendo operado desde 1997 a través de un contrato firmado entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla S.A. Ese acuerdo se concretó sin licitación y sin estudios de impacto ambiental. En 2009 aquella irregularidad movió a la sociedad civil a interponer una demanda. Sin embargo, no fue hasta 2017 que se logró el fallo por inconstitucionalidad, con el agravante de que su publicación en la Gaceta Oficial no se concretó hasta 2021.
La empresa primero se aprovechó de esa demora para ampliar las operaciones del yacimiento. Después, el Estado debió haber hecho cumplir el fallo definitivo. En cambio, renegoció el contrato. Las negociaciones con los canadienses se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada, hasta que en marzo de 2023, sin haber habilitado la participación ciudadana, se anunció el acuerdo. Ante la protesta pública, en la Asamblea Legislativa se hicieron tres debates y se consultó a los pueblos relacionados con la actividad extractiva, quienes expresaron su rechazo. Entonces, en vez de derogar el contrato, el gobierno lo devolvió con algunas mejoras. Al final, la Asamblea aprobó en 72 horas la Ley 406 y la noche del 20 de octubre el presidente la promulgó.
El nuevo contrato minero contempla aportes mínimos anuales de U$S 375 millones de la minera al Estado panameño, aunque diez veces el monto del acuerdo anterior. Además del daño implícito para el medio ambiente, el contrato otorga a la minera privilegios y concesiones que generan un territorio aparte con características administrativas diferentes. El reclamo de la ciudadanía al contrato de la empresa minera tiene que ver, por consiguiente, también con la reivindicación de la soberanía. Panamá recuperó su canal recién en 1999 después de 96 años de lucha y no quiere repetir la experiencia.
Eduardo J. Vior é um veterano sociólogo e jornalista independente, especialista em política internacional, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Buenos Aires (UBA).
Be First to Comment