por Carmen Tarazona. En ELN Voces
Terminar la guerra era una de las expectativas de la guerrilla al ir a unas negociaciones de paz con el Gobierno, lo que significaba para muchas colombianas y colombianos que cesara la confrontación entre las Fuerzas Armadas estatales y paraestatales contra las guerrillas.
Pasados 2 años y medio de la firma de Acuerdos de Paz con las FARC esto no ha ocurrido y en cambio, la máquina de guerra de las élites sigue sus ataques contra civiles, ex guerrilleros y guerrilleros. ¿Qué está pasando?
El conflicto interno colombiano es complejo, por lo que un Proceso de Paz debe involucrar a todos los componentes de cada parte, y además debe resolver las causas estructurales que reproducen el alzamiento armado.
Las FARC demostró voluntad de paz, pero no así las élites que están empeñadas en destruirlos política y moralmente. Por su parte el Ejército de Liberación Nacional ha buscado dialogar para construir Acuerdos de Paz con justicia social, pero sólo ha recibido estigmatización, un sinnúmero de exigencias unilaterales por parte del Gobierno y una escalada militar en su contra.
La continuidad del conflicto es producto de la actitud antidemocrática y represiva de las élites dominantes; que dirigen la persecución violenta contra quienes resisten desde la lucha guerrillera, y especialmente contra el movimiento social y los movimientos políticos alternativos.
La versión 2.0 de la seguridad de Uribe
El Plan de Seguridad y Defensa (PSD) de Duque niega el conflicto cuando busca construir Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), espacios territoriales donde existen altos índices de criminalidad, que el Estado busca controlar a través de “programas integrales”, nombre rebuscado que le dan a simples operaciones militares de contrainsurgencia urbanas y rurales.
Bajo el disfraz de la integralidad el Estado despliega en todos los territorios sus Fuerzas de Tarea Conjunta, como la Vulcano con 4.000 soldados en el Catatumbo; a las que suma las llamadas Fuerzas de Tarea Conjunta para el post conflicto, que igual que en los años de la Seguridad Democrática y del Plan Colombia son especialistas en desarrollar operaciones encubiertas paramilitares, en las que mezclan tropas profesionales con bandas criminales.
Guerra contra las zonas donde operaba las FARC
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no contempla el presupuesto para la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC, en cambio el PSD contempla atacar las economías “ilícitas o ilegales”, es decir, ejecutar el plan de los Estados Unidos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y la fumigación con Glifosato.
El PSD enfila sus acciones a la intervención y control de los territorios en especial aquellas zonas donde se concentran “problemas de seguridad”, es decir desterrar de estás zonas las comunidades organizadas que se oponen al despojo y destrucción de los territorios por los megaproyectos.
Crecen al tiempo la militarización estatal y las bandas
En retórica quedó el compromiso del Estado de “desmantelar el paramilitarismo”, como quedó contemplado en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
En los Departamentos y zonas más militarizados como el Cauca, Chocó, Sur de Córdoba, entre otros, las mafias del narcotráfico, del oro y las bandas paramilitares se han expandido, que a su vez, es en estas regiones donde han incrementado las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos contra las comunidades organizadas y sus líderes.
En el Cauca, de los 42 municipios en 32 la violencia, los desplazamientos y asesinatos son noticia diaria [1]. En Corinto, Caloto, Miranda y Toribío, hay cerca de 7.000 hectáreas de plantaciones marihuana, la mayor producción de Colombia. Allí persiste la confrontación permanente entre ex integrantes de las FARC, los Pelusos, el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado [2].
En el Cauca operan las Brigadas III y XXIV del Ejército con 10 Batallones, más el Gaula y 5 Brigadas Móviles de la Fuerza de Tarea Apolo; además la Policía Nacional tiene 40 Estaciones y Subestaciones, junto a fuerza de Carabineros y grupos de Operaciones Especiales, de inteligencia y Escuadrones de erradicadores de cultivos de uso ilícito. ¿Cómo es posible que con tan alta militarización, este departamento registre el mayor número de líderes sociales amenazados y asesinados?
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