México: Arrollado por la Violencia, la Corrupción y el Neoliberalismo

por Rolando Garrido Romo

En los últimos 30 años la clase política del país, los grandes empresarios y el aparato de seguridad mexicanos se han subordinado por completo a los dictados del Consenso de Washington ¹ y a los parámetros de la hegemonía estadounidense.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) en materia económica y la llamada Iniciativa Mérida ² en materia de seguridad, han sido los dos instrumentos principales mediante los cuales las élites vasallas mexicanas han puesto al país bajo el dominio de Estados Unidos.

Sin embargo, en materia económica la estrategia de supuesta “integración” de un mercado norteamericano ha arrojado un magro 1.2% de crecimiento promedio durante 20 años para México; y en materia de seguridad, la violencia se ha enseñoreado en el país en forma nunca antes vista desde la Revolución Mexicana (1910-1920).

En los últimos días México ha sido noticia por los asesinatos perpetrados contra periodistas en diferentes partes del país.
El pasado 15 de Mayo fue asesinado en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa (Noroeste de México), el periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del diario local Riodoce, colaborador del diario nacional La Jornada y de la agencia AFP.

Valdez fue por más de tres lustros uno de los periodistas más conocidos y respetados en los temas de narcotráfico; la violencia generada por esta actividad criminal y por la estrategia de “guerra” impulsada por los últimos dos gobiernos federales mexicanos; así como en lo relativo a la complicidad y asociación de las diversas autoridades locales y federales con los grupos criminales.

El asesinato de Valdez siguió al de una conocida corresponsal, también del diario La Jornada, y colaboradora del diario Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, Miroslava Breach asesinada el 23 de marzo pasado, con lo que ya suman 51 periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2017), al que aún le faltan dos años y medio. Y este número palidece ante los 109 periodistas y comunicadores asesinados durante el macabro gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).³

De ahí que según la organización Reporteros Sin Fronteras, México ya se ubica como el tercer país del mundo, después de Siria y Afganistán, con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos tres lustros ⁴.

Pero los ataques contra el gremio periodístico se inscriben en un contexto más amplio de aumento de la violencia e inseguridad en los últimos 18 meses.

Así, el 2016 vio incrementarse el número de homicidios respecto a 2015 en 23 de los 32 estados del país, llegando a 21,000 homicidios. Desde el inicio del gobierno de Calderón en diciembre del 2006, hasta diciembre del 2016 ya en el gobierno de Peña, el número de personas asesinadas llegaba a 200,000; el número de desaparecidos a 28,000, y el de desplazados por la violencia criminal y la ejercida por el gobierno en su “guerra contra el narcotráfico”, a 280,000 personas⁵.

Para abril de este 2017 el número de asesinatos aumentó en un 29% respecto al mismo periodo de 2016⁶, de los cuales se considera que el 75% se pueden atribuir a las organizaciones del crimen organizado. De ahí que se considera que este 2017 será el peor año en materia de inseguridad y violencia desde 2011, año trágico para el país en el que la cifra de asesinatos llegó a 27,200⁷.

Los defensores de los derechos humanos en México han sido uno más de los sectores atacados, pues en los últimos 5 años han sido asesinados en el país 25 de ellos, principalmente en los estados de Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos⁸. Por ello México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo en esa materia.⁹

¿Qué explica esta situación de profunda crisis en materia de seguridad en el país, que afecta a las dos terceras partes de los estados de la República y que durante los últimos 10 años lleva una imparable tendencia ascendente?

Aumento de la violencia vinculada al crimen organizado y a la “guerra contra el narcotráfico”; corrupción cada vez más extendida y una política económica enfocada a la concentración del ingreso en las grandes corporaciones trasnacionales y nacionales, no son fenómenos aislados; están fuertemente relacionados entre sí.

La endémica corrupción en México¹⁰ se ha insertado en un modelo económico excluyente, que genera enormes desigualdades sociales; en donde una minoría, el 10% de la población, concentra el 65% del ingreso nacional; y las dos terceras partes de la población económicamente activa gana menos de 260 dólares al mes (el equivalente a dos salarios mínimos)¹¹.

Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) en 1994, la productividad en el país, especialmente en el sector manufacturero ha ido a la alza, mientras que los salarios se han estancado. Sólo como un ejemplo, basta mencionar que en el periodo 2007-2014 el índice de productividad laboral en el sector manufacturero se elevó 9.5%, mientras que las remuneraciones medias reales sólo lo hicieron en 1.1%.¹²

Así, la aplicación del modelo neoliberal en el país ha permitido una brutal concentración del ingreso en las capas elevadas de la población y en las grandes corporaciones trasnacionales y nacionales, pues por ejemplo, las 400 más grandes empresas (extranjeras y nacionales) tienen ingresos anuales por alrededor de 5 millones de millones de pesos (250 mil millones de dólares) al año, y sólo pagan de impuestos el 1.7% de dichos ingresos.¹³

En cambio durante la vigencia del NAFTA, el porcentaje de pobres en el país no ha cambiado (en el mejor de los casos), según el propio Banco Mundial,¹⁴ pues el número de mexicanos en extrema pobreza creció de 19 millones en 1994 a 23.1 millones en 2012 y los considerados en “pobreza moderada” sumaban 61.4 millones de personas, la mayor cantidad desde 1996.

La concentración del ingreso en una minoría, la extensión de la pobreza, el estancamiento y retroceso de los salarios¹⁵, así como la precariedad de las condiciones laborales (el 60% de la población económicamente activa labora en el sector informal, sin prestaciones sociales, protección jurídica, ni acceso a servicios de salud), han llevado a millones de mexicanos a emigrar del campo a la ciudad o a los Estados Unidos (dos millones de campesinos perdieron su fuente de ingresos por el NAFTA¹⁶y debieron emigrar); o han caído en la economía criminal (narcotráfico¹⁷, prostitución, tráfico de seres humanos, robo de combustible¹⁸, extorsión, secuestros, falsificación, “piratería” de marcas de ropa, artículos eléctricos y electrónicos, etc.; asaltos a comercios, casas habitación, transporte de mercancías, etc.); la cual por cierto es dirigida por la misma clase política corrupta, que además lava su dinero en empresas, bancos y casas de cambio de la plutocracia a la que está asociada.

Este esquema de explotación brutal de la población mexicana, de los recursos naturales del territorio y de saqueo de las finanzas públicas, en beneficio de la plutocracia trasnacional y de la oligarquía nacional, es protegido y alentado por una clase política corrupta, que asociada a las organizaciones del crimen organizado, se encarga de mantener aterrorizada a la población con la violencia, la impunidad y la represión (cuando la población se atreve a protestar), con objeto de evitar que la ciudadanía se oponga pacífica o violentamente a dicho modelo de permanente depredación.

Este 2017 (el 4 de junio) se llevarán a cabo importantes elecciones locales en el país (estados de México, Coahuila y Nayarit) en donde se elegirán gobernadores; destacando el Estado de México, puesto que el presidente Peña Nieto fue gobernador de esa entidad, y el grupo político que domina al gobierno federal proviene de ese estado.
El candidato a gobernador en esa entidad es Alfredo del Mazo, primo del presidente Peña; además de que el padre y abuelo de Del Mazo, del mismo nombre, fueron gobernadores del Estado de México.

Del Mazo es uno de los representantes de la política corrupta que los gobiernos del PRI (y del PAN)¹⁹ han impuesto al país²⁰, pero ahora enfrenta un serio reto ante la candidata de la izquierda real (pues hay una izquierda falsa representada por el Partido de la Revolución Democrática, que se ha subordinado a las directrices de Peña), la maestra de escuela, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez.

Es factible que el gobierno de Peña imponga mediante el fraude electoral a su primo en la gubernatura de su estado natal, lo que seguramente generará un conflicto mayúsculo en la política mexicana.
Pero en caso de que la población del Estado de México logre defender el voto y un eventual triunfo de la candidata de Morena sea respetado, ello constituiría un golpe muy relevante al servil y neoliberal gobierno de Peña Nieto, y fortalecería las posibilidades de que Morena, con su seguro candidato a la presidencia y fundador, Andrés Manuel López Obrador, triunfe en las elecciones presidenciales del 2018, y con ello se presente la posibilidad de comenzar a revertir las nefastas políticas depredadoras neoliberales y serviles a Estados Unidos, impuestas por los gobiernos del PRI y el PAN.