por Stratediplo
La información que sigue ya tiene varios meses pero no parece de interés para la prensa de los países de la OTAN, más ocupados en hacer el inventorio de pretextos de guerra que sabe falaces, que en buscar o difundir la verdad.
La convención pasada el 8 de agosto entre los gobiernos de Australia, Bélgica, Países Bajos y el poder de facto en ex-Ucrania, y anunciada por el procurador general del último Yurí Boychenko el 10 de agoto (http://strategia-22.livejournal.com/39522.html), por la cual los tres demás firmantes confiaron a los Países Bajos (país de orígen de la mayoría de las víctimas) la investigación sobre la destrucción en vuelo del Boeing malasio el 17 de julio, es y quedará oficialmente secreta porque da a cada uno de dichos países un derecho de veto, sin necesidad de justificación alguna, sobre la publicación de los resultados futuros de la investigación.
Cuestionado varias veces sobre este tema por deputados parlamentarios holandeses, el ministerio holandés de Justicia y Seguridad, firmante y depositario del protocol de acuerdo constituyendo la comisión de investigación e instalándola en La Haya, se negó firmamente, cada vez, a entregar este acuerdo así como cualquier otro documento relacionado con el tema; los parlamentarios quedaron aún sorpresos de aprender que hasta la misma existencia de un acuerdo escrito no tenía vocación a ser divulgada. El mismo rechazo fue opuesto por el ministro al periódico Elsevier (www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/11/Ministerie-weigert-geheime-overeenkomst-MH17-openbaar-te-maken-1647600W) que invocaba la ley de libertad de información para obtener una copia del acuerdo, y de dieciséis otros documentos relacionados. El motivo presentado por el ministerio no es nada menos que la suprema razón de estado (seguridad nacional), ya que la conservación de buenas relaciones con todas las partes implicadas en este asunto complejo y serio tiene que prevalecer sobre el derecho de información del público o de los parientes. El ministerio precisó tambien que había que prever un endurecimiento de las relaciones entre estados y organizaciones internacionales, en caso de ser publicado el acuerdo.
Lo que no es claro todavía es si esta decisión, de guardar el convenio y el mandato de la comisión de investigación secretos, es una decisión posterior del gobierno holandés, o si el convenio mismo incluye formalmente una cláusula de confidencialidad prohibiendo a sus firmantes de publicarlo, lo que explicaría que el gobierno holandés anuncie dificultades con los demás firmantes en caso de fuga o difusión.
Dicho de paso, uno de los firmantes confiando la dirección de la investigación a los Países Bajos es el poder de facto kieviano sí mismo, quién tenía la maestría aérea absoluta sobre el territorio ex-ucraniano entero (inclusas las regiones que rechazan el golpe de estado de febrero), quién estaba guiando el avión malasio así como los aviones militares presentes en su corredor reservado, quién nunca entregó las grabaciones del intercambio entre el control aéreo de Dniepropetrovsk y el avión, siempre examinados en casos similares (y que Rusia sugirió inmediatamente que la comisión de investigación pidiera), quién bombardeó en seguida el lugar del naufragio aunque no había ninguna presencia “rebelde” (mejor dicho constitucionalista) en el área, quién intentó durante semanas atrasar la llegada de los investigadores y no hesitó en bombardearlos a morteros, así como a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que los escoltaban, cada vez que se acercaban al lugar, y quién fue tomado en flagrante delito de mentira primero por haber publicado imágenes presentadas como lanza-cohetes rusos cuando habían sido sacadas en un pueblo ucraniano bajo control ucraniano, y segundo por haber mentirosamente pretendido, y seguir pretendiendo hasta hoy, que ningún avión militar suyo había volado el 17 de julio, lo que fue rápidamente desmentido por grabaciones satelitales y de radar estadounidenses y rusas. Poco preocupado por su credibilidad, el poder kieviano acusaría también mentirosamente (pero con profusión de detalles inventados) el 19 de septiembre a Rusia de haber disparado dos armas nucleares contra el aeropuerto de Lugansk. Es a este poder de facto que el gobierno holandés aceptó dar, por escrito, derecho de veto sobre la publicación de los resultados de la investigación.
De paso también, el 8 de agosto los Estados Unidos de América opusieron su veto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a un proyecto de resolución introducido por Rusia (calumniosa y públicamente acusada por el gobierno estadounidense de haber derribado el avión) para recordar a Ucrania la resolución N° 2166 del 21 de julio exigiendo un cese el fuego en la zona del naufragio, cese el fuego que el “gobierno” ucraniano había insolentemente anulado el 7 de agosto después de haberlo violado cada día. Tal veto no podía sino facilitar la aparición ulterior de rumores sosteniendo que el gran esfuerzo estadounidense para devolver el oro holandés, en contrasto con el rechazo opuesto a Alemania no obstante más potente, podía explicarse por la detención, por parte de los Países Bajos, de alguna información comprometedora acerca del derribo del avión malasio.
Cual que sea el rol marginal de ratificación (por cheque en blanco adelantado) jugado por la Organizacion Internacional de la Aviación Civil, la “Joint Investigation Team” es apenas un equipo conjunto o multinacional pero absolutamente no internacional como se pretende sí-misma. Malasia pidió desde el principio formar parte de esta comisión pero, de vagas promesas a citas ministeriales postergadas, todavía queda excluída de ella, cinco meses después de la destrucción de su avión. No obstante no sólo el avión pertenecía, como pertenecen sus restos, a una empresa malasia, sino también este avión era, como cualquier nave, una porción móvil del territorio nacional malasio, según el derecho internacional. Durante cuatro meses las autoridades de Donetsk, que hicieron todo para facilitar el acceso (controlado) al lugar del naufragio a pesar del bombardeo continuo por el ejército ex-ucraniano, pidieron que esta comisión (que les había sido presentada como la autoridad encargada de la investigación) venga a sacar los restos, y es sólo y recién cuando, por cansancio, se volcaron hacia Malasia, la cual respondió inmediata y positivamente, que los holandeses vinieron rápidamente para confiscar (robar) los restos aparentemente inútiles a su investigación a distancia, y legalmente perteneciendo a Malasia. Hablando de eso, regularmente, por ejemplo de nuevo este 12 de diciembre, la prensa malasia da cuenta de los pedidos y del descontento del gobierno y de la opinión pública de Malasia.
De paso todavía, veinte años después del asesinato en vuelo de dos jefes de estado en ejercicio (un tercero avisado no tomó el avión), precisamente el 6 de abril de 1994, la prensa dominante de los mismos países occidentales sigue escondiendo la verdad, los testigos llamados al juicio iniciado por los parientes de las víctimas siguen siendo asesinados uno trás otro, y el instigador goce de la inmunidad de un jefe de estado, temido más que respetado, después de haber hecho masacrar en el país vecino a tantos civiles como Hitler o cuatro veces más que Pol Pot en sus países respectivos.
Uno no imaginaría que es el avión presidencial ruso, en su viaje de regreso desde la cumbre de los “BRICS” en Brasil, que motivó tan ancho y repentino despliegue de sistemas antiaéreos contra una población civil rusófona que no tenía ningún aeronave, y que un piloto de Sukhoï disparando a la vista un mísil aire-aire desde detrás y debajo del Boeing podría haber confundido sus bandas azul y roja por unas roja y azul, y no haber visto el nombre del país escrito por encima y adelante de las alas, aunque lo tuvo que ver cuando terminó su trabajo con el cañón de 30 milímetros. Queda prohibido sospechar que los gobiernos que libran una guerra intensiva, hasta ahora sólo mediática, diplomática, económica, comercial, financiera, tecnológica y moral, contra Rusia, sepan perfectamente que es Ucrania quién derribó, por equivocación pero posiblemente bajo órdenes extranjeras, el avión malasio. Los resultados de la investigación, como el mandato de la comisión, quedarán secretos como el gobierno holandés lo garantizó, por escrito, el 8 de agosto.
Y aún si la verdad fuera desvelada una o dos generaciones después de los hechos, la mentira y el secreto ya habrán llevado sus consecuencias irreparables.
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