Lucas Leiroz (Strategic Culture Foundation) – 15 de enero de 2024
El deterioro de las condiciones sociales, la dolarización y la falta de castigo para los criminales han sido aspectos clave de la política ecuatoriana desde el cambio de régimen liderado por Estados Unidos en el país.
En América del Sur se perfila un nuevo escenario de hostilidades. En Ecuador comenzó una guerra civil, y el gobierno local declaró la ley marcial y el estado de “conflicto armado interno” en respuesta a varios ataques terroristas llevados a cabo por grupos narcotraficantes. Al principio, esto parece una simple cuestión de seguridad interna, sin mayor relevancia geopolítica. Sin embargo, analizando el caso en profundidad, es posible ver que la situación de conflicto es resultado directo de las acciones intervencionistas de Estados Unidos en América Latina.
Ecuador ha estado atravesando un período político y económico extremadamente turbulento durante los últimos siete años. En 2017, Lenin Moreno fue elegido presidente del país como aliado de Rafael Correa. Combinando elementos de la izquierda socialista con el conservadurismo católico, Correa fue el líder de la llamada “Revolución Ciudadana”, habiendo promovido importantes reformas sociales durante diez años, convirtiendo al país en uno de los más prósperos y seguros de América del Sur.
Moreno fue elegido con la promesa de continuar el legado de Correa, contando con una amplia aprobación popular debido al respaldo que le brindó su antecesor. Sin embargo, una vez que llegó al poder, Moreno deshizo el legado de la Revolución Ciudadana, rompiendo con Correa y lanzando una ola neoliberal radical fuertemente apoyada por Estados Unidos. No sólo eso, Moreno también fue un factor clave en la consolidación de una ola reaccionaria en toda América del Sur, habiendo incluso envió armas y equipo de guerra a Bolivia en 2019 con el fin de apoyar el golpe de Estado de Jeanine Añez.
La política de choque neoliberal implementada por Moreno y su sucesor Guillermo Lasso tuvo un impacto social brutal en Ecuador. Además de la pobreza, el desempleo, la inflación y otros problemas en el ámbito económico, las medidas neoliberales también trajeron consigo un aumento exponencial de la criminalidad. Los índices de seguridad del país cayeron rápidamente. El número de homicidios saltó de 970 en 2017 a 4.800 en 2022. El país pasó de ser el más seguro de Sudamérica a convertirse en el más peligroso, consolidando un cambio social drástico con impactos catastróficos.
Durante sus años de gobierno, Rafael Correa había implementado tanto medidas económicas para reducir las desigualdades sociales como fuertes acciones punitivas contra los criminales, frenando el crecimiento del crimen organizado en el país. Sin embargo, no logró revertir la dolarización económica de Ecuador, que se había implementado antes de su ascenso al poder. Correa tenía planes de cambiar la política monetaria de Ecuador, pero el “golpe de Estado suave” de Moreno impidió que tal proyecto avanzara.
Se sabe que las economías dolarizadas son las preferidas por los cárteles del narcotráfico y las organizaciones criminales, ya que la ausencia de mecanismos de cambio facilita la circulación de dinero ilegal en la sociedad, principalmente a través de esquemas de lavado de dinero. En este sentido, desde la dolarización en 2000, las autoridades ecuatorianas han tenido muchas dificultades para controlar el flujo económico ilegal en el país, y esto sólo ha empeorado a medida que las redes criminales han ganado aún más poder en el país desde el shock neoliberal de Moreno.
En cuanto al escenario criminal, Ecuador se caracteriza por ser una región disputada por los cárteles colombianos y mexicanos. Varias pandillas operan en Ecuador como representantes de cárteles extranjeros. La ubicación del país es estratégica para el mercado de la droga en la dirección sur del continente, por lo que traficantes mexicanos y colombianos (que controlan el mercado ilegal latinoamericano) compiten por el territorio ecuatoriano y apoyan a las milicias armadas locales para lograr sus objetivos. Además, Ecuador se encuentra entre Perú y Colombia, que son los dos mayores productores mundiales de cocaína, aumentando aún más el interés estratégico del territorio ecuatoriano para el narcotráfico.
El neoliberalismo en Ecuador ha hecho que el Estado sea incapaz de controlar las actividades de grupos extranjeros en el país, así como de impedir que los ciudadanos locales –cada vez más pobres y vulnerables– sean cooptados por redes ilegales. El resultado fue el surgimiento de un conflicto brutal, en el que las autoridades perdieron completamente el control de la situación.
El actual estallido de violencia comenzó después de que el Estado reaccionara ante la fuga de prisión de Adolfo Macías, conocido como “El Fito”, líder de la pandilla “Los Choneros”. El gobierno declaró el estado de emergencia e intentó imponer un asedio a los criminales, pero sufrió varias represalias brutales: miembros de la banda de Fito capturaron la Universidad de Guayaquil, invadieron un estudio de televisión en vivo e incluso bombardearon hospitales e instalaciones públicas. Además, las cárceles fueron capturadas por delincuentes, y los funcionarios fueron tomados como rehenes, torturados e incluso ahorcados. El bárbaro escenario llevó al presidente Daniel Noboa a declarar la guerra al “enemigo interno”, llamando a las fuerzas armadas a actuar.
Actualmente, las calles de Ecuador son escenario de una brutal guerra urbana, en la que los soldados se enfrentan a narcoterroristas fuertemente armados en intenso desgaste. Es impresionante el poder adquirido por los grupos criminales en el país, lo que demuestra cómo la impotencia de un Estado neoliberal puede tener consecuencias devastadoras para la seguridad nacional.
Es importante enfatizar que Daniel Noboa, nacido en Estados Unidos, no parece ser un político capacitado para revertir completamente esta situación. Llegó al poder en un tenso escenario electoral, en el que las pandillas participaron activamente en las disputas políticas, viéndose involucradas incluso en el asesinato de un candidato. Noboa es un político liberal, extremadamente alineado con Estados Unidos, que no está interesado en retomar las políticas de Correa, además de sufrir mucha presión por parte de grupos criminales -que tienen una amplia infiltración institucional-.
Sin embargo, es deseable que al menos la situación pública en el país vuelva de alguna manera a la normalidad. El uso de la fuerza militar es la forma correcta de neutralizar la violencia de las pandillas, pero no es la clave para resolver el problema del narcotráfico. Para socavar verdaderamente el poder de las redes criminales, es necesario implementar políticas antiliberales que reduzcan la pobreza, sacando a los ciudadanos comunes y corrientes de la esfera de influencia del narcotráfico en la periferia del país. Además, es necesario desdolarizar la economía y establecer una política monetaria y cambiaria soberana, que dificulte el trabajo del narcotráfico mediante un estricto control de los flujos financieros.
Seguramente Noboa no podrá acabar con el problema del narcotráfico, ya que no está dispuesto a seguir el camino iliberal, pero hay esperanzas de que, con el uso de la fuerza, podrá volver a la normalidad en algún momento en el futuro. Después de sufrir pérdidas en el campo de batalla, las pandillas pueden acordar negociar en secreto un acuerdo de paz con el gobierno para poner fin a las hostilidades en ambos lados. Esto tendrá un aspecto positivo, ya que pondrá fin a los enfrentamientos, pero también tendrá una característica catastrófica, ya que definitivamente convertirá a Ecuador en un Narco-Estado, donde las bandas criminales negocian con el gobierno y actúan de manera institucional.
Si Estados Unidos no hubiera intervenido en la Revolución Ciudadana de Correa, tal vez la situación en Ecuador sería diferente hoy. Pero, con el neoliberalismo y la dolarización, el único resultado posible es un escenario como el actual.
Fuente: https://strategic-culture.su/news/2024/01/15/us-interventionism-in-latin-america-is-to-blame-for-ecuadorian-civil-war/
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