El ataque a Cristina es un parteaguas de la democracia

Por Eduardo J. Vior para o Saker Latinoamérica – 5 de setembro de 2022

Avalando tácitamente el atentado contra la Vicepresidenta, la oligarquía intenta nuevamente suprimir al peronismo como representante de las clases populares argentinas

Este domingo 4 la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal Argentina detuvo a Brenda Uliarte en la estación Palermo del Ferrocarril San Martín. La joven es la pareja de Fernando André Sabag Montiel, el terrorista que el pasado jueves 1 de septiembre por la noche intentó asesinar a la Vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, cuando saludaba a los miles de seguidores que la esperaban en la puerta de su casa, en la esquina de las calles Uruguay y Juncal, en el coqueto barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.

El atentado falló, porque la bala no entró en la recámara de la pistola Bressa 380 (modelo 1969), a pesar de que el atacante accionó dos veces la corredera. Sabag fue inmediatamente desarmado y retenido por militantes presentes en el lugar, quienes aseguraron el arma hasta que intervino personal policial. Posteriormente, fue detenido en una dependencia de máxima seguridad y puesto a disposición de la Justicia. En los días siguientes, la jueza federal María F. Capuchetti le tomó declaración a él (se negó a declarar), a Cristina Fernández y a numerosos testigos. Ordenó asimismo el desencriptamiento del teléfono celular del detenido (que hasta ahora fracasó) y numerosas medidas de prueba.

Desde que se produjo el atentado se ha especulado mucho sobre la autoría material e intelectual del mismo y sobre su entorno y posibles consecuencias. ¿Fue el agresor un “lobo solitario” o es parte de una organización criminal y, si el caso es éste, qué dimensiones y alcances tiene la misma? ¿Cómo fue posible el hecho, tanto su realización fáctica como su justificación política y cultural? ¿Qué puede pasar a partir de ahora?

Fernando A. Sabag Montiel, de 35 años, nació en São Paulo en 1987 como hijo de un chileno y una argentina. Ya el abuelo paterno y su esposa, también los padres de Fernando tuvieron cometieron numerosos pequeños delitos. El padre fue expulsado de Brasil y en 1993 la madre volvió a Argentina junto con el frustrado asesino. Éste es chofer de aplicaciones y registra antecedentes por delitos menores. Ha subido a Instagram fotos con dirigentes del PRO y con el propio Mauricio Macri, se manifiesta partidario del grupo ultraliberal La Libertad Avanza, de Javier Milei, y ha aparecido varias veces en reportajes de Crónica TV expresándose contra los planes de ayuda social.

El criminal tiene en el cuerpo varios tatuajes nazis. El del codo izquierdo es un Sol Negro, símbolo de la SS nazi. En su mano derecha tiene tatuada la Cruz Gamada y en su otra mano se ve un tatuaje del Martillo de Thor, una de las armas más temidas de la mitología vikinga. Estos símbolos lo identifican con las distintas organizaciones neonazis que pululan en diferentes países, especialmente con los militantes de los regimientos Azov y Aidar en Ucrania.

En tanto, Brenda Uliarte, la novia del agresor, fue detenida tras un trabajo de inteligencia sobre su celular y sus posteos en las redes. Aunque en reportajes concedidos después del atentado se desentendió de Fernando, pudo determinarse que en la noche del jueves también estaba presente cerca de la casa de Cristina y que tiene manifestaciones públicas a favor de Milei y contra la líder justicialista. Antes de ordenar la detención de Uliarte, los funcionarios judiciales tomaron declaración a Mario Borgarelli, un belicoso amigo del atacante. El sentido de sus dichos fue que Sabag “es el boludo del grupo. Hace cosas por hacerse notar. Sí, sí, lo creo capaz”, dijo Borgarelli en el juzgado. Pero la magistrada y el fiscal Carlos Rívolo piensan que quienes rodeaban a Sabag no fueron ajenos a lo que ocurrió e incluso circula la versión de que alguno del grupo aparece en la zona de Juncal y Uruguay.

Una increíble y sospechosa sucesión de incompetencias y “casualidades” jalona el hecho y dificulta su esclarecimiento. El oficial de la Policía Federal que desde hace años custodia a Cristina Fernández estaba ese día de licencia. El principal de sus secretarios privados ya se había retirado. Sólo estaba el otro. Cuando la Vicepresidenta se dirigía a saludar al público y a firmar autógrafos en ejemplares de su libro “Sinceramente” (apareció en 2019), la custodia la miraba a ella, aparecía distante y despreocupada. Cuando el criminal asomó de entre la multitud su mano izquierda sosteniendo temblorosa la pistola apuntada a 15 cm de la cabeza de la lideresa, nadie le torció el brazo. Sólo tras el doble “click” reaccionaron raudos los militantes que lo rodeaban.

Cuando Sabag fue detenido, la policía secuestró su celular. La jueza Capuchetti ordenó a la Policía Federal que lo desencriptara. Ésta no pudo y, como los federales supieron que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tiene en el aeropuerto internacional de Ezeiza un equipo más poderoso, la jueza ordenó a su personal que lo llevara allí. Sin embargo, el sobre en que se llevaba el equipo llegó abierto y el aparato estaba encendido en “modo avión”. Cuando la PSA intentó desencriptarlo, descubrieron que estaba reseteado en modo fábrica. Aún no se sabe si se podrán rescatar los datos, imprescindibles para la investigación.

La debilidad e incompetencia de la PFA es un síntoma del desguace que ha sufrido el Estado argentino. La fuerza tenía antiguamente un gran poder y un avezado aparato de inteligencia, pero, desde que Mauricio Macri –entonces como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- en 2011 creó la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) atrajo a numerosos oficiales y cuadros de la fuerza federal. De este modo creó en el ámbito de la Capital un poderoso instrumento de inteligencia y represión, con el que debilita al gobierno federal, que tiene sede en la ciudad, pero no la gobierna.

Por el otro lado, se plantea la pregunta sobre el trasfondo del delincuente. La hipótesis predominante es que en la tentativa de asesinato participó un pequeño grupo de personas que desde hace tiempo exponen en las redes su odio al peronismo, al kirchnerismo, a los planes sociales, y todo mezclado con elementos de neonazismo. No se sabe aún qué conexiones tiene dicho grupo dentro y fuera del país, pero está claro que son la emanación de un clima creado y fomentado por la oligarquía.

Los autores intelectuales del atentado son las fuerzas ultraderechistas que controlan los medios de comunicación desde los que constantemente incitan al odio y a la violencia contra Cristina Fernández. El clima de persecución ideológica y política imperante en el país, impulsado por los medios de comunicación hegemónicos concentrados y amplificado por la coalición opositora Juntos por el Cambio, ha creado un ambiente de odio y de violencia que, mediante los ataques contra Cristina, pretende proscribir al peronismo como representante mayoritario de los intereses populares.

A su vez, la coalición gobernante muestra una debilidad asombrosa. Está apoyada en tres pilares principales: la Vicepresidenta Cristina Fernández, la lideresa política con mayor apoyo del país (aproximadamente un 30/35% de votos fijos), el ministro de Economía Sergio Massa, líder del Frente Renovador (una formación neodesarrollista con fuertes lazos con sectores conservadores norteamericanos) y el grupo en torno al presidente Alberto Fernández (sin caudal electoral propio, con vínculos con los sectores de centro del Partido Demócrata). A éstos se suman los gobernadores provinciales, que, sobre todo, por el control que las provincias tienen sobre los recursos del subsuelo (reforma constitucional de 1994), disponen de ingentes recursos.

Limitada por las continuas ofensivas mediáticas y judiciales, Cristina tiene una influencia estratégica decisiva sobre el gobierno, pero poco peso sobre sus decisiones tácticas. Así, el Frente de Todos ha demostrado una tolerancia extrema hacia las grandes empresas, los agroexportadores, el sector financiero y los medios hegemónicos. El embajador norteamericano Mark Stanley tiene un fuerte poder de veto sobre las decisiones del gobierno, particularmente para frenar la puesta en práctica de los numerosos acuerdos de inversión con China.

Esta situación es un resultado mediato del asesinato de 30.000 dirigentes y cuadros populares por la dictadura cívico-militar (1976-83) y de las condiciones que Gran Bretaña impuso en 1990 para firmar los tratados de Madrid y Londres que dieron por acabada la guerra de las Malvinas de 1982. Argentina debió entonces privatizar sus empresas y servicios públicos y los canales de televisión, reformar la Constitución quitando facultades al Estado nacional, endeudarse con el FMI y los bancos extranjeros y reducir al mínimo sus fuerzas armadas. Si bien los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-07) y de Cristina Fernández (2007-15) recuperaron la economía del país y llevaron la participación de los trabajadores en el ingreso nacional hasta el 51%, formaron pocos cuadros y dirigentes. Esta carencia llevó el viernes pasado a la paradoja de que el pueblo se movilizó masivamente (sólo en el centro de Buenos Aires se congregaron 500.000 personas que fueron circulando a lo largo de la tarde) para repudiar el atentado contra la Vicepresidenta, lo hiciera disciplinadamente, sin ninguna violencia y con mucha alegría y lod dirigentes fueron incapaces de dar mensajes y orientaciones políticas. Hoy el pueblo (como lo entiende el peronismo: el conjunto de los trabajadores y productores organizados) está mucho más adelantado que sus representantes.

Por ahora la maravillosa marcha del viernes 2 expresó la respuesta popular al atentado del jueves a la noche. El asesino falló, fue un milagro, pero los milagros no se repiten. Como no se han tomado medidas políticas para reprimir las campañas mediáticas y judiciales, es sólo una cuestión de tiempo hasta que otro atentado –contra Cristina o quien sea- tenga éxito.

En un contexto de alta polarización, el pedido del fiscal Diego Luciani para que vaya a la cárcel y quede inhabilitada de por vida regaló a la Vicepresidenta una oportunidad impensada. Generó, además, una reacción de la militancia kirchnerista que salió a defender su derecho a seguir siendo parte de la democracia detrás de su líder. Ahora se trata de ampliar el acuerdo, incorporar sectores de la oposición, fracturar la coalición conservadora, para que se puedan tomar las medidas de contención imprescindibles para frenar la conspiración golpista. Hay que combinar la movilización popular masiva y continuada con la formación de un amplio acuerdo nacional que ponga límites a la barbarie. Es la única posibilidad de dar un futuro a la democracia argentina.

Eduardo J. Vior é sociólogo veterano e jornalista independente, especialista em política internacional, professor do Departamento de Filosofia da Universidad de Buenos Aires (UBA).