por María Fernanda Barreto. En Misión Verdad
El liderazgo de Iván Duque en Colombia sigue siendo cuestionado consciente e inconscientemente. A casi cuatro meses de que asumiera el cargo, nadie parece tomar en serio su investidura. La burla masiva que produjo su comentario en la sede de la UNESCO, en París, donde relacionó los siete pilares de su propuesta económica con “los siete enanitos“, fue solo un síntoma más de la debilidad de su imagen.
Hace algunos días su propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tuvo un lapsus y delante de las alcaldesas de todo el país olvidó el apellido de Iván, refiriéndose a él como “el presidente Uribe”, lo que ya ha sucedido al menos dos veces más en distintas alocuciones públicas del nuevo tren ejecutivo y que reafirma que es Uribe quien verdaderamente dirige la presidencia de ese país.
Colombia es un país en crisis. Mientras el número de líderes y lideresas populares asesinadas este año ya va acercándose a los trescientos casos totalmente impunes, las protestas estudiantiles por el bajo presupuesto asignado a las universidades públicas, se extienden por todo el territorio. Se comienzan a sumar al sector estudiantil los principales sindicatos y hasta artistas internacionales como Residente, quien anunció que dará su apoyo a estas protestas en sus próximas presentaciones en Cali y Bogotá.
Este ambiente, sumado a la altísima impopularidad que tiene en algo más de cien días de gobierno, le podría obligar a aplazar la pelea en el Congreso por la llamada “ley de financiamiento” que no es más que una reforma tributaria que se plantea universalizar el gravamen incluso a los alimentos de la canasta básica, mientras baja los impuestos a las grandes empresas del país.
El simple anuncio de este proyecto de ley fue clave en su descenso ante la opinión pública y sigue sin encontrar el consenso necesario en el Congreso colombiano, donde evidenció la estrategia uribista para levantar la imagen del propio Álvaro Uribe Vélez, quien mientras orienta a su delfín para que introduzca dicho proyecto, lanza críticas populistas sobre la afectación del impuesto a la canasta familiar y las pensiones bajas, pero nada dice sobre cómo esta ley beneficiará a las grandes empresas con reducciones tributarias y exenciones de hasta diez años.
Otra de las pantomimas con las que Duque y Uribe fingen desacuerdos -no estructurales- fue en su apoyo a la consulta anticorrupción que se hizo en agosto del año en curso y que no logró el mínimo de votos establecido para ser vinculante y, simplemente, no cambió nada. Pero el escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht continúa salpicando al presidente del país vecino. Su respaldo expreso al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien es juez y parte de este caso y actualmente es señalado por la opinión pública como uno de los sospechosos en el asesinato del testigo principal sobre los financiamientos de Odebrecht al paramilitarismo y las campañas electorales, lo dejan muy mal parado. Mientras Uribe se limita a atacar al medio de comunicación que difundió las conversaciones que comprometen al Fiscal General de Colombia con el caso y con el asesinato de José Pizano, caso que por cierto investiga la fiscalía que él dirige.
Por otra parte, los procesos de paz son un rotundo fracaso. Así como se han ido incumpliendo los acuerdos firmados con las FARC en la Habana, ahora se ha dejado enfriar la mesa de diálogo con el ELN y el país continúa en franca guerra. El Estado colombiano que se alimenta de guerra también encontró en la supuesta paz una fuente de financiamientos y recién iniciado su mandato la propia presidenta del F.M.I., Cristine Lagarde, presionó al nuevo presidente para que se concrete este proceso que según dijo daría mayor tranquilidad a las instituciones y empresas multinacionales.
Colombia entonces se debate entre la derecha y la ultraderecha, entre intereses de la burguesía nacional y el narcotráfico, y los intereses transnacionales de distinta índole. No se logran acuerdos simples para la aprobación de leyes en el Congreso pero tampoco hay acuerdos entre la oligarquía colombiana para una acción militar contra Venezuela. En donde sí hay consenso es en continuar la guerra mediática, el parasitismo económico y, por supuesto, en hacer de la migración venezolana otra fuente de obtención de divisas para su gobierno, mientras los albergues en los que hacinan a venezolanos y venezolanas, son verdaderamente deplorables.
Tal como la primera medida diplomática del nuevo gobierno uribista fue el retiro de UNASUR, la próxima movida anunciada será la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela a partir del 10 de enero del 2019, lo que le generará más afectación económica a Colombia que a Venezuela pero que, sin duda, reforzará la estrategia de hacer de Venezuela un enemigo externo que le sirva para continuar demandando divisas del gobierno de EE.UU. y organismos internacionales como ACNUR, y justificar el aumento del presupuesto militar en el 2019.
El cierre definitivo de la embajada de Colombia en Venezuela y sus representaciones consulares en el país, presionaría sobre todo a la gran mayoría de la inmigración colombiana en Venezuela que se sigue negando a retornar a su país de origen por razones que el régimen colombiano no se atreve a explicar, pero que podrían servir para fortalecer el año entrante, la matriz comunicacional de “la crisis de refugiados” que no han logrado sustentar hasta ahora con cifras reales.
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