Brasil: repudio de la brutal matanza de campesinos en el estado de Pará

por diversos movimiento sociales de Brasil, en La Haine

(nota del Editor) Mientras la siomedia amplifica los atentados terroristas (o su montaje cinematográfico) en el Reino Unido de Gran Bretaña, en Brasil se produjo una masacre de campesinos sin que ello fuera tapa de ninguno de los medios del “mainstream” a lo largo del mundo. El terrorismo de Estado actúa en ambos casos, de una manera más o menos sofisticada, con el fin de sembrar el terror en la sociedad y así poder manipularla. En el Brasil del golpista Michel Temer han recrudecido estas acciones propias de la derecha, siempre cipaya, siempre opresora, siempre cobarde. Señalar a los verdaderos autores de estos crímenes es siempre necesario, imprescindible.

El conjunto de entidades y movimientos abajo firmantes repudia vehementemente la acción planificada de las Policías Civil (Delegación Especializada en Conflictos Agrarios – DECA) y Militar del estado de Pará (Brasil) que llevó, en el último día 24/05, a la muerte de por lo menos 10 campesinos, heridas en al menos 14 y varios desaparecidos. Los muertos confirmados hasta el momento son: Weldson Pereira da Silva; Nelson Souza Milhomem; Weclebson Pereira Milhomem; Ozeir Rodrigues da Silva; Jane Julia de Oliveira; Regivaldo Pereira da Silva; Ronaldo Pereira de Souza; Bruno Henrique Pereira Gomes; Antonio Pereira Milhomem; Hércules Santos de Oliveira. Siete de las víctimas pertenecen a una misma familia.

Los trabajadores rurales estaban acampados al lado de la hacienda Santa Lúcia, Municipalidad de Pau D’Arco, sudeste del estado, por ellos ocupadas hasta la reciente reintegración de posesión. La tierra sería supuestamente propiedad de una conocida familia de “grileiros” (usurpadores con titulo falso), que controla irregularmente miles de hectáreas en la región. En la hacienda Cipó, también ocupada recientemente por la “Liga de los Campesinos Pobres (LCP) de los estado de Pará y Tocantins (movimiento al que estaban vinculados los asesinados en Santa Lúcia), se comprobó, por ejemplo, que de sus 800 acres, apenas 200 eran documentados, siendo el restante tierra del Estado en verdad.

Repudiamos y denunciamos igualmente la versión presentada por la Policía, según la cual las muertes fueron por efecto de un “enfrentamiento” armado. No existe enfrentamiento posible cuando NINGÚN policía sufrió daño físico alguno, como fue el caso. También las “armas” presentadas como prueba por la Policía, viejas e ineficientes, son evidentemente incapaces de ser usadas de forma ofensiva, inclusive si estuvieran de hecho en pose de los sin tierra. En verdad, en esta justificativa vemos la reproducción, en el contexto rural, de los alegatos de “autos de resistencia” (artilugio legal para cubrir de impunidad las muertes de civiles en manos de policías) sistemáticamente presentadas por las fuerzas policiales brasileñas para las ejecuciones sumarias y matanzas perpetradas en las favelas y periferias del país, práctica ya condenada muchas veces por la ONU y otros organismos internacionales.

Los relatos que tenemos hasta el momento testifican atrocidades e irregularidades en la actuación policial. Actuando sobre el pretexto de un mandato de prisión, ejecutaron incluso al presidente de la asociación de campesinos local, Jane, que intentó dialogar con los agentes del Estado. La escena del crimen fue desarmada y los cuerpos enviados para dos ciudades diferentes, Marabá y Paraopebas, antes de la realización de la pericia local. El Ministerio Público Federal y el Consejo Nacional de Derechos Humanos ya se encuentran en el local y relataron estas y varias otras irregularidades.

La región donde ocurrió la matanza tiene una larga historia de conflictos agrarios y violaciones de derechos cometidos por el Estado Brasileño. Todavía sobre régimen militar, la resistencia popular organizada en la llamada Guerrilla de Araguaia fue aplastada con asesinatos, torturas y desapariciones masivas, condenables por las legislaciones nacional e internacionales. En diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, condenó a Brasil por no punir los responsables por las muertes y desapariciones, y determinó que sean realizados todos los esfuerzos para localizar los cuerpos de los desaparecidos. El Tribunal concluyó que el Estado Brasileño es responsable por la desaparición de 62 personas, ocurrida entre 1972 e 1974. En esta misma región, en abril de 1996, la Policía Militar (PM) de Pará realizó la tristemente célebre masacre de Eldorado dos Carajás, en la cual 19 campesinos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) fueron asesinados, y decenas de heridos y mutilados. Apenas dos comandantes de la PM fueron condenados por las atrocidades, en procesos y juicios denunciados por enormes irregularidades por Anistía Internacional, entre otros órganos.

El telón de fondo de esta historia de violencia e injusticia es una enorme concentración de la propiedad de la tierra. En Pará, apenas 8% de los propietarios rurales controlan 69% del suelo. Aunque en esta parte del país la concentración sea la mas extrema, esa es una realidad de todo Brasil, que incluso se profundizó en las últimas décadas. El área ocupada por los latifundios pasó de 214,8 millones de hectáreas en 2003, para 318 millones en 2010 (casi 50% de aumento). Entre 2010 y 2014, 6 millones de hectáreas mas pasaron para las manos de los grandes propietários. 130 mil grandes latifundios concentran 47,23% de toda el área registrada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Por otro lado, 3,75 millones de minifundios (pequeñas propriedades y posesiones) corresponden a 10,2% del territorio registrado, solamente. Ante semejante desigualdad, consideramos legítimos y apoyamos los movimientos de ocupaciones y retomadas, que por todo Brasil son organizados por campesinos sin tierra, pueblos indígenas y quilombolas. Si el Estado no hace nada efectivo para erradicar la desigualdad, el pueblo tiene el derecho y el deber de buscar la justicia a través de su propia organización y acción directa.

El estado Brasileño no solo que promueve la justicia, sino que además es el principal agente de la violencia contra la organización y la lucha popular en el campo. Cuando no la ejecuta directamente a través de sus órganos represivos (policías y eventualmente las Fuerzas Armadas), el Estado se omite o se vincula clandestinamente a los pistoleros armados e pagos por el latifundio, como ya fue demostrado por investigaciones en varios casos. La violencia en la lucha por la tierra ha aumentado significativamente en los últimos años. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2015 hubieron 49 asesinatos en el campo, y 61 en 2016, el mayor número desde 2003. Ahora en 2017, incluyendo las 10 víctimas ya confirmadas de Pau D’Arco, ya son 36 muertos. De estos, 9 fueron asesinados en una única matanza hace un mes atrás, en Colniza, norte de Mato grosso, crimen ejecutado por pistoleros. O sea, no solo que las muertes han aumentado, sino que también los episodios han sido mas sangrientos, en una dimensión que no era observada desde los años 1990, época de los masacres de Eldorado dos Carajás y Corumbiara (Rondônia). Un componente fundamental en ese agravamiento de la violencia, es el comportamiento del poder Judicial, que ha expedido con una velocidad sin precedentes ordenes de reintegración de pose (desalojo), que generalmente redundan en conflictos violentos.

Ese aumento de la violencia sobre la población pobre, negra e indígena, no es exclusiva de las áreas rurales. También en las ciudades los números de la violencia que afecta principalmente a los habitantes de las favelas y periferias ha aumentado terriblemente desde 2012 por lo menso. Incluyendo la violencia ejecutada directamente por el Estado, como ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones practicados por la policía. Acá en Rio de Janeiro, por ejemplo, el número de víctimas fatales debido al accionar policial (los macabros “autos de resistencia”[1]) pasó de 241, en el período entre enero y abril de 2016, para 383 en el mismo período de este año, cerca del 59% de aumento.

Para completar este cuadro, desde 2013 la represión violenta y persecución a los movimientos y protestas populares también aumentó de forma alarmante, así como las legislaciones e instrumentos adoptados para eso por el Estado. Los vínculos entre la represión política y la violencia social permanente y estructural contra los oprimidos, son evidentes. Desde 2013, acá en Rio, los blindados de la policía e el BOPE[2], creados para la actuación en las favelas, también fueron empleados en la represión a manifestaciones públicas. Jóvenes que protestaban contra los gastos ilegítimos en el Mundial de fútbol acá en Rio. Y militantes del MST en el estado de Goiás, fueron procesados y presos con base en la ley ampliada de “organizaciones criminosas”. Y, mas significativo, en el mismo día 24/05 en que sucedió la matanza en Pará, el presidente de la República decretó la intervención de las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones en Brasília. La legislación usada, que prevé las llamadas misiones de “Garantía de la Ley y el Orden” (GLO), fue la misma usada para la ocupación de la Favela de la Maré por el ejército por 14 meses, a partir de abril de 2014.

Ese recrudecimiento de la violencia de las oligarquías sociales y políticas, un verdadero giro fasistizante del Estado brasileño, ganó mayor aliento desde las elecciones de 2014, que fortalecieron significativamente en el Congreso Naciona los bloques de parlamentarios ligados a los sectores mas reaccionarios de la sociedad, las llamadas Bancadas del Buey y de la Bala. Ese es el contexto del masacre de Pau D’Arco! La Violencia contra los campesinos tiene que ser repudiada por todos los sectores democráticos y progresistas del país, incluso porque es parte de una violencia creciente que se cierne sobre toda la sociedad!

Frente a la incapacidad que ha demostrado el estado brasileño de investigar y punir sus propios crímenes, sea en el campo o en las ciudades, exigimos una investigación independiente por parte de los organismos internacionales sobre la matanza de Pau D’Arco. En la historia reciente de América Latina hay precedentes suficientes para eso, como la investigación de los peritos internacionales independientes en el caso de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Ayotzinapa, México, en 2014.

Firman este documento: Grupo Tortura Nunca Mais/RJ; Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça; Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos (CEBRASPO); Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência; Mães de Maio; Justiça Global; Comissão de Direitos Humanos OAB-RJ; Associação Brasileira dos Advogados do Povo (ABRAPO); Coletivo Técnico de Apoio às Comunidades em Luta por Moradia; Mídia Independente Coletiva (MIC); Aldeia Maracanã; Coletivo Fala Akari; Centro Cultural Antonio Carlos Carvalho (CeCAC); Fórum Social de Manguinhos; Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro – (SINDIPSI-RJ); NOS – Nova organização Socialista; PartidA RJ; Grupo TransRevolucao CasaNem; PCR – Partido Comunista Revolucionário; MLC – Movimento Luta de Classes; MLB – Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas; Movimento de Mulheres Olga Benario; Movimento Negro Perifa Zumbi; ISER; Coletivo RJ por Memória Verdade e Justiça; Campanha Ocupa Dops; Unidade Popular pelo Socialismo (UP); Assembleia Popular da Cinelândia; Filh@se Net@s por Memoria, Verdade e Justiça – São Paulo; Grupo Tortura Nunca Mais – São Paulo.